La CGR emitió un reporte de fiscalización dirigido a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y atención de emergencias (CNE), al Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), al Ministerio de Educación Pública (MEP), Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) y el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH), respecto del establecimiento y formalización de controles para la contratación y funciones de las firmas implementadoras del Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (PROERI).
El PROERI está compuesto por 502 proyectos de emergencias y peligro inminente, con un costo de USD 700 millones, y su ejecución está a cargo de las instituciones antes mencionadas. Para su implementación, la Ley establece la contratación de firmas implementadoras como Unidades Ejecutoras de los proyectos, que deben ser empresas independientes contratadas para la gestión operativa, técnica, administrativa y financiera de los proyectos.
¿Qué encontramos?
- 5 Contratos suscritos como "asistencia técnica" a un único organismo internacional, contrario a lo previsto en la Ley N° 10456, que establece la contratación de firmas de implementación general y específicas, independientes, para labores que debían ser de Unidad Ejecutora.
- Solo 2 de 7 precios comparados corresponden a oferentes distintos al organismo internacional contratado.
- USD 9 millones desembolsados sin estudio de mercado que compare alternativas nacionales e internacionales.
Video de Erick Alvarado Muñoz, gerente Área de Fiscalización para el Desarrollo Sostenible
